La prensa ha publicado recientemente, quizá sin la relevancia
adecuada, un hecho de una gran trascendencia, en especial por lo que
tiene de símbolo y de clara expresión de hasta qué punto se ha llegado
con la Unión Monetaria en la distorsión de los principios políticos y
democráticos. La Ley de Presupuestos para 2013 extiende, como viene
siendo habitual, al Banco de España y a cualquier organismo público, las
medidas de austeridad que tienen que cumplir este año las
Administraciones públicas. Ahí ciertamente no radica la noticia. Esta se
encuentra en que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario
Draghi, haya advertido al Gobierno español de que la medida vulnera la
autonomía e independencia del Banco de España (BE) y que esta
institución no está obligada a cumplirla.
Parece imposible que algo así se pueda dar en la vieja Europa. Tras
aprobarse el Tratado de Maastricht en 1992, escribía yo en el diario El
Mundo: “Aun conociendo el sesgo economicista del Mercado Común y los
intereses que subyacen tras todas sus normas e instituciones, resulta
difícilmente comprensible cómo doce países, teóricamente paradigmas de
la democracia occidental, alumbran un sistema tan profundamente
antidemocrático como el diseñado para el futuro Banco Central Europeo,
al que se configura como órgano autónomo e independiente. ¿Independiente
de quién?, ¿de dónde le vendrá su legitimidad?, ¿ante quién responderá
democráticamente?, ¿en función de qué criterios ideológicos adoptará sus
decisiones? Existe una predisposición clara a la tecnocracia y una
desconfianza radical hacia todo poder político y democrático, como si la
técnica y cierta ciencia económica fuesen neutrales”. Las consecuencias
eran evidentes; pero así y todo creo que nunca imaginamos hasta qué
punto iba a ser cierto que los poderes democráticos quedasen desplazados
por instituciones tecnocráticas y con qué grado de descaro y de cinismo
iban a actuar los mandatarios del capital.
Draghi, sin pudor alguno, se superpone a las Cortes españolas -en
teoría al menos, representantes de la soberanía popular- y les indica lo
que pueden y no pueden hacer, y se coloca en lugar de los tribunales
españoles dictaminando si es legal o no que la medida afecte al BE. La
desvergüenza es tanto mayor cuanto que es el propio BCE el que ha
impuesto los criterios de austeridad a todas las Administraciones
públicas, sin importarle demasiado si el sistema sanitario va a quedar
gravemente dañado, si los recortes van a condenar a las generaciones
futuras a una educación deficiente, si la justicia no va a poder cumplir
su cometido, si los ancianos van a morir en el abandono y la pobreza, y
si la Administración tributaria no va a contar con los recursos
suficientes para controlar el fraude fiscal. Por indicaciones del BCE,
se puede destruir toda la Administración pública y con ella todos los
servicios que necesitan los ciudadanos para vivir en un Estado social y
de derecho, pero, eso sí, que nadie ose tocar al BE ya que este debe ser
autónomo e independiente.
Los recursos que maneja el BCE son propiedad de los contribuyentes de
todos los países miembros, también de España, Grecia, Italia, Portugal o
Irlanda, y deberían ser los poderes políticos democráticos de estos
países los que tendrían que controlar al BCE y no a la inversa, habrían
de determinar cómo se utilizan esos recursos, cuál debería ser la
política aplicada por esta institución e incluso el sueldo y las
condiciones económicas de su presidente y demás funcionarios.
No somos conscientes de la medida en que se están distorsionando los
principios políticos que, al menos desde la Ilustración, se tenían como
acervo común de los países occidentales, especialmente de los europeos.
Se pretende hurtar a los poderes democráticos las decisiones económicas,
situándolas al margen de las presiones populares, para cederlas en
exclusiva a órganos supuestamente neutrales e independientes. El modelo
del BCE se exporta a todos los órganos reguladores: Comisión Nacional
del Mercado de Valores, Comisión Nacional de las Telecomunicaciones,
Comisión Nacional de la Energía, etc. Incluso desde Bruselas se intenta
imponer a todos los países el llamado Consejo Fiscal, una especie de
organismo independiente de los poderes políticos encargado de garantizar
que los recortes presupuestarios se llevan a cabo cueste lo que cueste.
No basta ya con dejar la política monetaria al margen de las
influencias de las sociedades, sino que se trata de alejar de la
voluntad de los ciudadanos y de sus representantes legítimos todas las
decisiones económicas importantes, desde el diseño del mercado laboral
hasta el sistema de pensiones, pasando por la configuración del sistema
tributario.
Hoy, a los términos de autonomía e independencia política se les
otorga el marchamo de la objetividad. Pero la neutralidad no existe. El
fin de las ideologías es tan solo el triunfo de una ideología, la que
beneficia a los intereses económicos. La tecnocracia es en definitiva
plutocracia y las medidas que propugna como técnicas y científicas están
ancladas en la ideología más conservadora y retrógrada, puro
neoliberalismo económico. Las instituciones europeas y sus
organizaciones satélites en los países miembros son tan solo el consejo
de administración de las fuerzas económicas. El Banco de España ha sido
siempre la patronal de las instituciones financieras y el principal
centro de emisión de cultura económica reaccionaria. ¿Y los poderes
políticos nacionales? Existe la sospecha de que la mayoría de ellos
están encantados porque la coartada de la Unión Europea les permite
aplicar las mediadas que de otra manera las sociedades nunca les
hubieran consentido.
Juan Fco. Martín Seco
República.com
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